4.1.5. Las personas cuidadoras
Existe un claro consenso sobre la idoneidad de que la persona mayor continúe en su entorno habitual el mayor tiempo posible. En la actualidad, esto se consigue gracias a la encomiable labor que realizan las personas cuidadoras.
Más del 80% de las personas cuidadoras pertenecientes a la familia de la persona dependiente son mujeres y su edad media se sitúa en los 52 años aproximadamente (más del 20% superan los 60 años).
Numerosos estudios revelan que su estado emocional se ve muy afectado y que presentan preocupantes niveles de ansiedad y depresión. Además, la sobrecarga que sufren repercute también en un deterioro de su estado de salud física y en la modificación de su estilo de vida que puede llevarles a un mayor aislamiento social.
Por otro lado, un estudio reciente[71] revela que las personas cuidadoras de personas mayores en la CAPV contribuyen con su labor a un ahorro de entre 1.014 y 2.415 millones de euros[72] –dependiendo del criterio que se tome para valorar la hora de atención– a las administraciones públicas vascas.
La Asociación de Familias Cuidadoras de Personas Mayores Dependientes de Álava "Ascudean" nos ha dado a conocer su valoración sobre la implantación de la LAAD, que resumidamente exponemos a continuación:
– La implantación de esta normativa no ha repercutido en la mejora de la calidad de vida de las personas dependientes y de sus familias.
– La aplicación de la ley ha permitido que aflore la realidad de un colectivo numeroso y necesitado de las prestaciones y servicios que aquélla contempla.
– Perciben el riesgo de que las prestaciones económicas, a pesar de su pretendido carácter excepcional, estén sustituyendo a los servicios, precisamente por la falta de éstos. Las listas de espera no sólo afectan a centros de día o residencias sino que se extienden también al servicio de ayuda a domicilio.
– Consideran que sería más adecuado establecer baremos de valoración específicos para tramos de edad y tipos de discapacidad.
– No les parece adecuado que el baremo deje fuera a personas que padecen enfermedades graves pero de carácter "no permanente" como las oncológicas.
– Reclaman un modelo común para toda la CAPV en cuanto a los servicios y el acceso a ellos.
– Consideran que no hay recursos financieros suficientes para aplicar esta ley.
– Detectan que la adjudicación de los servicios está sufriendo una demora notable con relación a la situación anterior a la entrada en vigor de la ley.
– Las deducciones generadas en la prestación económica para cuidados en el entorno familiar como consecuencia del acceso a otros servicios están provocando que muchas familias renuncien a tales servicios.
– Detectan un retroceso del tercer sector frente a un mayor protagonismo alcanzado por empresas con ánimo de lucro.
– Se han registrado casos de personas que, tras ser valoradas como dependientes han fallecido, y a la familia no se le ha abonado ninguna prestación a pesar de la retroactividad prevista legalmente.
– Los PIA son orientados hacia los recursos existentes, no hacia la verdadera necesidad.
– De acuerdo con el nuevo panorama que se vislumbra tras la aprobación de la ley de servicios sociales, en algunos casos, las personas en situación de dependencia serán atendidas desde servicios de responsabilidad foral (acceso a prestaciones económicas, centros de día…) mientras que sus cuidadores y cuidadoras lo serán desde servicios de responsabilidad municipal (servicio de apoyo a personas cuidadoras). Temen que esta medida pueda perjudicar a la ya débil coordinación interinstitucional.
– Consideran urgente la habilitación de un sistema central de datos, un modelo de intervención común y una única cartera de servicios en el ámbito autonómico.
– La cuantía de la PECEF no debería ser inferior al salario mínimo interprofesional.
– Consideran que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) debería incluirse en el sistema de seguridad social para ofrecer mayores garantías.
– Concretamente, en Álava, ser reconocida como persona en situación de dependencia no está suponiendo una mejora para quien hasta ese momento estaba siendo atendida por su Ayuntamiento como autónoma (contaba con más número de horas de SAD, mayor agilidad en las resoluciones, etc.).
– Refieren que en Álava se están registrando muchos problemas con el SAD: "existe una larga lista de espera y las familias no saben cuándo podrán ser beneficiarias de este servicio; las familias acuden a nuestra asociación en busca del servicio urgente que teníamos hasta 2008, año en el que la Diputación nos retiró las subvenciones por entender que se trataba de un servicio de competencia pública".
– Detectan en Álava, una demora excesiva en las resoluciones sobre PECEF y PVS.
– Desean hacer notar el perjuicio que está suponiendo la eliminación de la retroactividad de las prestaciones económicas desde la fecha de solicitud.
– Consideran muy acertada la modificación normativa realizada por el Gobierno Vasco con el fin de igualar la ayuda económica dirigida a hombres y mujeres cuidadoras de personas en situación de dependencia (antes era superior para los hombres) destinada a conciliar la vida laboral y familiar.
[71] Estudio elaborado para el Instituto de Estudios Fiscales por las universidades de Castilla-La Mancha y Murcia, y por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
[72] Fuente: Oliva, Vilaplana y Osuna (2011) a partir de datos de la EDAD 2008 y de información sobre Contabilidad Nacional y Regional de España (INE)